Mons. Argüello -presidente de la CEE- en el Discurso Inaugural de la 127ª Asamblea Plenaria
– Extracto sobre la Iniciativa Legislativa Popular –
«ANTE LA SITUACIÓN DE ESTOS MILES DE PERSONAS, ESPECIALMENTE NIÑOS, ENFERMOS, TRABAJADORES, ¿QUÉ HACER, EXPULSARLOS A TODOS O ABORDAR LA MANERA DE REGULARIZAR SU SITUACIÓN?»
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Propuesta:
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por centenares de organizaciones con una presencia muy especial de Cáritas, Confer, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y REDES, recogió 611.821 firmas validadas por la Oficina de Censo Electoral. La ILP fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024, con 310 votos a favor. El 19 de noviembre de 2024, se aprueba la modificación del Reglamento de la ley de extranjería, que sirve de argumento para paralizar la tramitación ya aprobada de la ILP por «ser ya innecesaria». Sin embargo, el Reglamento dejará fuera, en una cierta situación de limbo jurídico y existencial, a miles de personas como, por ejemplo, quienes no cumplan el requisito de dos años de permanencia o personas que no puedan demostrar fehacientemente su estancia durante ese periodo; las personas indocumentadas sin posibilidad de recibir documentos de su país de origen; las personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica; quienes estando en posibilidad de trabajar no pueden aceptar una propuesta de empleo por no estar «regularizados» ni pueden «regularizarse» por no aportar un contrato laboral; los solicitantes de protección internacional, a quienes se deniega su solicitud; y las familias con niños y adolescentes que estén en situación de irregularidad administrativa.
La CEE siempre ha reconocido el derecho del Estado de regular los flujos migratorios, la necesidad de abordar las causas migratorias en colaboración con los países de origen y de combatir a las mafias, siempre desde el principio de la dignidad humana que nos impulsa a abordar la situación de los que ya residen en nuestra nación. Por eso, ante la situación de estos miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, ¿qué hacer, expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación?
Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la ILP. Es un ejercicio de regeneración democrática, por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la decisión del Congreso de los Diputados, y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en el que la dignidad y el bien común están afectados. Es también una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro. Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo. Por eso en próximas fechas quisiéramos trasmitirles esta iniciativa y sugerirles la posibilidad de un diálogo sobre el asunto.